A sesenta años, El 10 de diciembre de 1948 nació, con grandes expectativas, una de las propuestas más formidables para consolidar la vigencia de los derechos humanos en el orden internacional, con el respaldo de unas naciones atribuladas, todavía, por la magnitud de los horrores de la II guerra mundial. Nos referimos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este instrumento respondía a un compromiso claro: nunca más deberían repetirse tragedias como las acaecidas en ese siniestro capítulo de la historia de la humanidad. Lograron reunirse, en esta Declaración, las corrientes que tenían como postulado fundamental los derechos civiles y políticos, con las que promovían, de manera protagónica, los derechos económicos, sociales y culturales. Esta unión, sin embargo, no alcanzó para elevar al rango de tratado esta iniciativa; pero posteriormente estos valores mínimos compartidos por las naciones, fueron incorporándose y desarrollándose tanto en los ordenamientos internos, como en pactos internacionales, lo que se tradujo, en la práctica, en la generación de un efecto vinculante de la Declaración. Varios años después, emergieron con gran fuerza los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta vez, sí, con rango de tratados; pero mediante instrumentos independientes, en lo que podría interpretarse como un retroceso respecto de lo obtenido con la Declaración Universal: la unión de las corrientes, bajo el horizonte de la vigencia efectiva de todos los derechos. La internacionalización de los derechos humanos fue acompañada, luego, con la creación de sistemas de protección de tales derechos, como el europeo y el americano. Esto representaba un avance más, en lo atinente a la búsqueda de la vigencia efectiva de los derechos humanos. Pero, claro está, los sistemas internacionales de protección deben entenderse como subsidiarios a los sistemas internos de protección. Cada Estado debe estar lo suficientemente comprometido con los derechos humanos, no sólo para prevenir su violación, sino además, en los casos que ello ocurra, llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, haciendo prevalecer la verdad y sancionando a los responsables. Los sistemas internacionales de protección no fueron concebidos para sustituir a los mecanismos internos. Sin embargo, el gran desafío pendiente de la Declaración Universal, sigue siendo el de lograr su vigencia efectiva, a nivel planetario, independientemente de las culturas predominantes en cada región. Muchos siguen considerando este objetivo, como un imposible. No obstante, estamos hablando de valores mínimos compartidos. No tendría lugar aquí la excusa del multiculturalismo. La gran interrogante: ¿Son realmente valores compartidos por la humanidad, los acogidos a nivel de la Declaración? De no ser así, tendríamos que replantearnos nuevamente el horizonte de los derechos humanos. En la Proclama de la Declaración Universal encontramos la fórmula para consolidar la vigencia efectiva de tales derechos: se trata de reconocer a los mismos "como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades..." El gran reto del siglo XXI, en palabras de Fernando Savater, es lograr la vigencia efectiva de los derechos humanos. Esta es una responsabilidad, que de manera visionaria, la Declaración atribuyó no sólo al Estado, sino también a las personas e instituciones en general.
¡Manos a la obra! José Bernardo Guevara P. Director General de ProPaz (www.propaz.org) Socio activo del Rotary Baruta, Venezuela.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos El reto de la vigencia efectiva de los derechos humanos sigue pendiente.
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